La pesca en problemas: flota obsoleta, cuotificación de capturas y descarte de alimento, según el sindicalista Jorge Frías
La actividad pesquera enfrenta en el país la obsolescencia de la flota y un sistema de permisos de captura que privilegia la rentabilidad en detrimento de la sustentabilidad, con salarios atados a parámetros de producción desactualizados, según explicó el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, en un reportaje con GVAinfo, en el que también precisó las dificultades de los trabajadores del gremio ante el problema del descarte.
¿Cómo está posicionado el gremio en las paritarias de este año?
Los salarios solo se actualizan porque recomponer sería ir por más, y lo que hacemos año tras año es ir atrás de la inflación. A veces se logran mejoras porcentuales y otras no. Además de las cuestiones del país, están las de la propia actividad. En los últimos años, con el atractivo del langostino para las empresas, el esfuerzo de acordar salarios se enfoca en esa especie y de alguna manera se posterga el de la captura de otras como la merluza, que depende también de otras cámaras. También es difícil negociar con la inflación como parámetro. Nosotros nos manejamos con los datos oficiales e interactuamos con otros gremios, pero tampoco se puede saber quién firmó el mejor porcentaje porque no sabemos siquiera si el que mejor acuerdo logró alcanzó a cubrir las necesidades.
La mayoría de los gremios están volviendo a la cláusula gatillo o a la negociación por tramos hasta llegar al ajuste por inflación.
En otras actividades con salarios fijos la cláusula gatillo puede servir. Nosotros trabajamos por producción, que está atada al valor del dólar. No cobramos en dólares, pero con el fin de evitar conflictos en el ’84 comenzó a relacionarse la tonelada de merluza a un valor fijo de dólar. Marineros, maquinistas y capitanes tienen cada cual diferentes porcentajes sobre el valor kilo. El año pasado, por ejemplo, no percibimos la cláusula gatillo acordada para noviembre porque la mayoría de la flota estaba pescando langostinos, y ese porcentaje en el global de la producción no afectaba.
Pero, ¿no pesa sobre el salario básico?
Nuestro salario básico es absorbido por la producción, porque nunca se pudo alcanzar el concepto de salario básico más producción. Esto es lo que estamos reclamando, porque cuando firmamos el convenio colectivo había una metodología de trabajo de las empresas de cómo desarrollar la actividad. Al aparecer el auge del langostino hace 5 años esto cambió, y muchos empresarios dirigen los barcos que pueden pescar esa especie y dejan parados a los otros. Así, empiezan a inventar cómo justificar ante la autoridad de pesca la inactividad de esos buques, porque la condición para conservar la cuota que le otorgaron es que las naves estén pescando.
¿Cómo hacen?
Los barcos quedan sin salir a pescar por una cuestión económica. El empresario dice que está reparando el barco y el tiempo que tarde esa reparación se considera para que ese permiso no sea afectado. Obviamente que dilata los tiempos de la reparación.
¿Cuál es el negocio, entonces?
La cuota de pesca no la pierde porque se la vende a otro. El que compra la cuota se hace cargo de los costos. Nunca pierden. Las cuotas se renuevan cada 15 años, no así los permisos, que no se renuevan. Antes había que tener permiso específico para pescar determinada especie. Hoy se puede tener un permiso para pescar corvinas, pero comprar cuota de merluza y salir a pescarla. Las cuotas son transferibles. Una empresa puede transferirla a otra justificando que no lo puede explotar porque se le rompió el barco.
A raíz de un paro de más de 100 días, el Consejo Federal Pesquero (CFP) dispuso que las cuotas se pueden devolver a un fondo de distribución, porque ese año ninguno pudo empezar a pescar la cuota que estaba obligado. Lo que hicieron fue devolver todo lo que no se pescó y después presentarse a pedirlo de nuevo. Pasaron varios años y ese sistema sigue instalado. Eso es parte de un negocio también.
¿Negocio de las autoridades también?
No sé cuál es el negocio de las autoridades, pero están aferrados a los sillones también. Si revisamos los miembros del Consejo Federal Pesquero, son los mismos de hace muchos años. Son funcionarios funcionales a las empresas. Hay algunas atrocidades como la inminente incorporación en representación de la provincia de Buenos Aires de un empresario, que es gerente a la vez de la propia cámara que representa, lo cual es absolutamente incompatible. Hay que preguntarse cuáles han sido los resultados en general. Si los que están hace mucho tiempo que están, y la industria tiene los problemas que tiene, quizás haga falta renovar.
¿Ustedes proponen integrar a los trabajadores?
El Consejo está conformado por representantes de las provincias con litoral marítimo, del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Cancillería y el subsecretario de Pesca, que es su presidente. Entre los cambios para que la actividad pesquera se desarrolle, el gremio propone modificar el artículo 8, que el sector trabajador integre el Consejo, porque aparentemente no hay representantes de las empresas, pero sí los hay. ¿Qué hace un gobernador para nombrar a su representante? Busca gente del sector. ¿Y quién le recomienda la gente del sector? Generalmente, un empresario. El que está ocupando un cargo siempre tiene inclinación por el empresario.
No se trata de estar en contra, se trata de ser más ecuánime, de que estamos explotando un recurso natural y que la participación debe ser más equilibrada. No quiere decir que esté todo mal dentro del Consejo ni que toda la ley esté mal. Pero hay cosas que cambiar y una es esta, incluir al sector trabajador dentro de las decisiones políticas de la industria. Hay que buscar soluciones de fondo para una industria que tiene que ser productiva, sustentable y social. Entre 40 y 50 mil personas trabajan directamente de esto. Si no se mira la parte social va a pasar como en otros caladeros que se depredaron, como en Canadá, que se destruyeron familias, poblaciones pesqueras. Acá se están olvidando de eso, se están fijando en cómo explotamos un recurso y cómo lo vendemos, el resto no importa.
¿Qué otros cambios proponen?
El aprovechamiento del recurso. Eso está dentro de la Ley Federal de Pesca, en el artículo 1. Hay que revisarlo. Establece cómo desarrollar la industria, habla de la sustentabilidad, de la explotación, de la conservación, de las condiciones para hacerlo, que muchas después quedan en grises. Como la cuotificación, que es tomada de otros caladeros a los que no les fue bien. Esa cuotificación es una manera de privatizar el recurso por un tiempo determinado, 15 años en este caso, que si se renueva son 15 años más. Pero ¿qué va a pasar dentro de 15 o 30 años? ¿Quién va a estar?
Hoy mismo, el sector empresario está planteando no renovar la flota porque no sabe si le van a renovar la cuota. Una cuota que no está pescando. Estas cosas son las que hay que revisar. Si no estás pescando la cuota porque se la transferís a otra empresa, quiere decir que no te interesa. Hay 300 mil toneladas en cuotas. Hay mucha irregularidad en esto.
También es un gran problema tener que arrojar al mar la pesca que los empresarios no quieren porque no es rentable. ¿Por qué ocurre eso en un mundo en el que hay tanta necesidad de alimentos? ¿Cómo se revierte?
El descarte no se trata con seriedad, por eso no se resuelve. Se atiende lo inmediato. Estamos hablando de un recurso natural, de una actividad comercial, tenemos que considerar que ni la propia FAO en su propio código de conducta responsable contempla la pesca acompañante, Recomienda que se minimice el descarte, pero no dice qué hacemos con la pesca acompañante. Es un tema muy complejo.
El mar no es una góndola y las especies están mezcladas. La utilización de artes selectivas no es efectiva 100 por cien. Con ese escenario, no quedan más opciones de que todo lo que entra a una red debe ser traído a puerto o aceptar que se tenga que descartar. El descarte es desde el punto de vista social inaceptable. Pero el empresario no quiere perder dinero trayendo especies que no le dan la rentabilidad que busca. Entiendo que el empresario tenga rentabilidad, pero si este negocio no le sirve que se dedique a otra cosa. Y si no, el Estado, que es el principal responsable, tiene que tomar parte. Porque si ese alimento no se tira el primer beneficiado es el Estado.
Podría generarse una nueva industria con ese descarte, nuevas fuentes de trabajo.
La industria de la alimentación no interviene en esta polémica. Esto es una cuestión cultural y política. El mayor beneficiario del descarte cero sería la industria por el reprocesamiento. Cuando hicimos hace un tiempo un seminario sobre el descarte cero, los industriales no participaron, ni el gremio de la alimentación ni los empresarios, ni el Estado. Hay muchos tabúes, temores. Si cerramos los ojos mañana no va a haber más langostinos, esto es algo que se tiene que preguntar la propia industria.
Siempre todo obedece a cuestiones económicas. Todas estas cosas no son casuales y tienen que ver con esto de la falta de políticas culturales en la industria pesquera hacia adentro, hacia el pueblo, de hablar desde la infancia, de educar a comer pescado. No pasa porque está el interés en que la pesca se exporte porque se vende en dólares.
¿Cómo incide en los trabajadores del gremio esta cuestión?
Hoy el empresario pesca 100 por ciento de lo que quiere. La ley pone entre la espada y la pared al capitán porque solo puede traer un 10 por ciento de pesca incidental. Si lo supera le ponen multas. Si lo lleva, el tripulante y la empresa están disconformes porque no obtienen la producción que se fue a buscar. Si lo arroja puede que hasta los tripulantes lo denuncien. Estas son las condiciones con las que el capitán está marcado. La ley lo condena para un lado y para el otro. La tripulación, de acuerdo con la relación que tenga con el capitán, también lo condena o no. El empresario dice que no despide, pero lo hace si el capitán trae lo que él no quiere. En una actividad, que es como un gueto, de pocas empresas y pocos barcos, no llevarse bien con todos limita la posibilidad de trabajo.
¿Cómo se soluciona?
Primero hay que poner todo esto en la mesa y preguntarse si para que la industria funcione esto debe pasar. Si no tiramos cierta cantidad de alimentos no podemos aprovechar la otra cantidad. Esta es una concepción. ¿Se puede cambiar? Sí, pero se debe hacer entre todos. No lo puede arreglar ni una asociación sindical ni una ONG. O se cambia entre todos o hay que aceptar que es así. Hay que mirar lo que ocurrió en otros países. Las empresas extranjeras que están pescando en el Mar Argentino ya pagaron ese precio, fundamentalmente las españolas, que después de haber destruido sus propios caladeros salieron a pescar por el mundo. En la Unión Europea empezaron en 2011 a gestionar lo que nosotros llamamos descarte cero y ellos denominan “ni un pescado por la borda”. Eliminaron las sanciones a los capitanes y las empresas debieron empezar a traer todo lo que se pescaba.
¿Por qué el gremio de capitanes de pesca cuestiona el DNU que dispone la renovación de la flota pesquera?
Creo que hay que modificar las prioridades. No todos los barcos son iguales, no todas las empresas actúan igual. Esto hay que discutirlo en una mesa. El DNU fue una respuesta hacia un sector, hacia el naval. El gobierno salió a dar una respuesta detonado por los naufragios, como los del Repunte y el Rigel. Los que articulan para que ciertas cosas funcionen empezaron a darle información a actores del gobierno y se terminó viendo que era una oportunidad para reactivar la industria naval. Pero los otros actores empezaron también a poner sus condiciones. Los astilleros tendrían trabajo, aunque limitado por sus incapacidades operativas, por eso se estipuló un plazo largo para la renovación de la flota. Por otra parte, el empresariado dijo “si tengo que invertir, quiero subsidios” y, lo terrible, además, es que surgieron las compensaciones en cuotas de pescado, darle 10 por ciento más de captura a un empresario porque hace el buque de una manera y otra o porque lo hace en Argentina. No se puede condicionar una inversión a algo que no se sabe si se va a poder dar. Acá está faltando la intervención del Instituto Nacional de Investigación Pesquera para que fije la posición de que no se puede prometer algo que todavía no se sabe si va a estar.
Eso es hacer trajes a medida para intereses individuales que finalmente dejaron atrás esta voluntad de que no haya más muertos en el mar. Estamos trabajando con buques de 40, 50, 60 años. De distintas esloras, cuanto más pequeños son los buques más peligrosos son. No solamente hay que pensar en la muerte, en un naufragio, sino también en los accidentes. Si estoy trabajando en un barco de 40 años tengo que trabajar con una herramienta vieja como si estuviera transitando la 9 de Julio con un Siam Di Tella. Todos los componentes que están en el barco tienen la edad del barco. Algunos cambiaron un guinche de fuerza, la mayoría le cambió el motor. Pero el barco es viejo.
¿Qué propone el gremio?
Lo primero que pretendemos es un sinceramiento. ¿Para qué se busca esto? ¿Por qué? Si el DNU 145/19 es a partir de las muertes en el mar, me parece un despropósito. Si es para evitar las muertes y les estamos diciendo que porque los buques son viejos se producen los naufragios y la gente muere, no pueden dar 20 años de margen para renovar la flota. Si el Estado tiene ganas de financiar a las empresas, si tiene ganas de movilizar los astilleros, que lo haga como considere, pero que no digan que es para evitar las muertes.
Creemos que, estratégicamente, lo que se debe hacer es ir por los barcos que están más en riesgo. Hay un sector empresarial que dice que cuando se repara 60 por ciento del barco, puede estar navegando 20 años más. Esto es parte del DNU. A quienes confeccionaron el decreto quizá le haya llegado al oído la música de un sector importante de la pesca de Mar del Plata, en la cabeza de Antonio Solimeno, uno de los empresarios más importantes, que recicla los buques y -hay que reconocerlo-, lo hace muy bien. Pero el resto, solo los pinta y cambia las piezas para que sigan funcionando.
Lo que creo que se pierde de vista es que es una de las actividades más riesgosas del mundo, se pierde de vista que se enfrenta a la naturaleza. Cumplir con el Convenio 188 de la OIT sería ir a lo más práctico porque es claro en cuanto a cómo debería ser la construcción de los buques. No cumplimos con las normas internacionales.
Hay proyectos en el Congreso que abren el diálogo, buscan la creación de una comisión que permitiría debatir algunas cuestiones. El decreto salió con una urgencia de tres días antes de que se pudieran empezar a debatir los proyectos de ley, no entendemos por qué.
Fuente: GVAInfo (Enlace a la nota)
11/06/2019
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